FM POWER RIO TERCERO LA NUEVA POTENCIA POPULAR
Así lo señaló el abogado Mario Ponce, que patrocina a más de 10 mil personas que demandaron al Estado por daños morales y psicológicos. El juez de Río Cuarto, había dictado un decreto, el pasado 23 de marzo, en donde le otorgaba al Gobierno el último plazo para reglamentar la ley que establece montos de reparación para quienes adhirieron a la norma. El Gobierno fue notificado esta semana, y desde este miércoles corren los 10 días para cumplir con la reglamentación.
«El 23 de marzo el juez dictó un decreto en donde le otorgaba el último plazo al Gobierno para cumplir con la sentencia», recordó el abogado Mario Ponce. «El día 3 de abril el juez firmó el oficio para notificar al Estado (…) me fue entregado y lo he mandado a Buenos Aires y hoy (por el martes), se notificó al Poder Ejecutivo», agregó.
«Los 10 días corren a partir de mañana (por el miércoles)», señaló Ponce. El letrado dijo «no conocer» porque el magistrado riocuartense Carlos Ochoa, se tomó 10 días, desde el 23 de marzo al 3 de abril, para librar dicho oficio. «No lo sé, pero fue el tiempo que nos llevó para poder tener el oficio firmado», expresó.
«En todo este ir y venir, han pasado varios días, desde que vencieron los plazos para el Estado», señaló Ponce.
Consultado sobre lo que sucedería en el caso de que no se presente la reglamentación en el término otorgado por la Justicia, explicó: «Ahí el tribunal tiene que hacer cumplir la sentencia que es lo que vengo pidiendo, para lo cual tendrá que tomar las medidas que tiene a su alcance: las sanciones económicas que le pueda imponer al Estado, y por otro lado girar los antecedentes al fiscal, para que analice las responsabilidades penales de los funcionarios, en primer lugar del presidente».
Ponce, expresó: «De todos modos, espero que no lleguemos a ese punto». En tanto, señaló estar confiado que efectivamente, ahora, la ley será reglamentada.
Y recordó: «Además hay una promesa formal del Estado Nacional, cuando fue el legislador (Adolfo) Somoza a Río Tercero, lo hizo hablando en nombre del Gobierno con directivas expresas del ministro de Defensa (Oscar Aguad), diciendo que a la brevedad estaría el decreto».
La reglamentación de la ley, aprobada, sancionada y promulgada en 2015, quedó pendiente. Más allá de las presentaciones judiciales, todo se precipitó cuando se conoció que se había presentado un «proyecto de decreto», que contemplaba el concepto de «causa vigente», lo que volvía abstracta a la propia ley.
Esto generó diferentes reacciones: de la Legislatura de Córdoba, que en un proyecto consensuado le solicitó al presidente Mauricio Macri que reglamentara la ley, cumpliendo el espíritu de la misma, y hasta existió un pronunciamiento del gobernador, Juan Schiaretti.
El Gobierno, a través del director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, señaló luego que no existía tal proyecto de decreto, sino un borrador que se había filtrado. El propio Ponce y representantes de los bloques legislativos no alineados con el oficialismo nacional señalaron que efectivamente había sido un «proyecto de decreto» y no «un borrador», que se encontraba en el expediente pudiendo ser consultado en Internet.
Luego llegó la promesa de que se elaboraría la reglamentación, respetando lo expresado en la letra de la ley.
Al existir una presentación en la Justicia Federal de Río Cuarto realizada por Ponce, y ratificada en instancias superiores, más allá del compromiso del Gobierno, ahora el magistrado Carlos Ochoa, como está señalado, le otorgó el último plazo al Estado para reglamentar la norma.
Simultáneamente, a mediados de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, le informó al Estado Nacional, en una nota enviada al canciller,que el caso Río Tercero, tenía un número de referencia y se realizaba un seguimiento del mismo, para que entre las partes se pudiera arribar a una «solución amistosa».
Fuente : 3rionoticias.com
