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HOSTIGAMIENTO SINDICAL el ataque del poder político a la clase trabajadora

En la previa electoral, los trabajadores vienen enfrentando ataques por parte del Gobierno provincial, municipal y nacional. Los repudios desde distintos sectores sindicales, políticos y sociales no se hacen esperar.

Primero la telenovela Surrbac que a los pocos días de ser el único tema a desarrollar para el selecto grupo de medios comunicacionales pro, viene demostrando graves errores cometidos por la justicia durante la investigación y el proceso. Entre ellos, chapas de taxi a nombre de civiles sin relación a la causa pero con el mismo nombre que un dirigente del sindicato de la recolección. A los pocos días, los medios debieron en un pequeñísimo apartado aclarar sus equivocados dichos. Obviamente esta noticia no obtuvo la portada. Por otro lado, el listado de automóviles que ya no están en poder de los imputados pero que figuran en esta causa con altísima difusión en los grandes medios. Otro error vinculado al desmanejo de la información divulgada, fue la afirmación en diversos programas de la intención de uno de los detenidos en transferir uno de los vehículos capturados por la justicia, los papeles y la concesionaria en cuestión demuestran que nada tiene que ver el imputado con la información brindada. Y cómo olvidarnos del plazo fijo fantasma de 700 mil dólares a nombre de Saillen del cual nunca hubo pruebas. Los medios ni la justicia tienen muestras de su existencia sin embargo todo el país repite esta equivocada información. Frente a las acusaciones de contratos del municipio con empresas que según denunciaban estarían relacionadas con los dirigentes gremiales, por su parte el presidente de ESOP afirmó que las licitaciones se realizaron correctamente en el marco de la ordenanza municipal. Y podemos continuar desmantelando el primer acto denominado Surrbac y abrir puerta al segundo episodio de la telenovela de los noticieros “de investigación” con el caso Luz y Fuerza. Primero un gobernador con intenciones de privatizar, luego un presidente con intenciones de flexibilizar el trabajo, luego los políticos pro que entienden que el gasto son los sueldos de los trabajadores y no el dineral que se llevan los empresarios. Y así comenzó la odisea de los lucifuerzistas por impedir el negociado de la privatización y por supuesto el vuelto que continúan recibiendo por parte de quienes buscan beneficiarse de esto. Hace apenas unos días, una movilización de Luz y Fuerza había sido duramente reprimida por la Policía de la provincia, dejando un saldo de 12 detenidos y múltiples heridos. La paradoja es que hay sindicalistas detenidos, trabajadores imputados pero ningún empresario. Claro está el tinte político de esta cuestión. Ya el candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, pidió frenar la jurisprudencia “injusta” en lo que se refiere a “detener a la gente preventivamente sin que haya una definición de culpabilidad sobre ellos”. El trasfondo es la búsqueda implacable de desprestigio al sindicalismo cordobés en pos de nuevos negocios entre empresarios y autoridades políticas.

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