FM POWER RIO TERCERO LA NUEVA POTENCIA POPULAR
Se realizó este jueves, pero el abogado de los demandantes rechazó la propuesta de la Nación. Cómo está el trámite ahora para los ocho mil riotercerenses que demandan.
Por Mariela Martinez
Mientras sonaban bombos fuera del edificio de la Cámara Federal de Córdoba, dentro de la sede se desarrollaba este jueves una audiencia entre representantes del Estado nacional y el abogado Mario Ponce, patrocinante de unos ocho mil riotercerenses que reclaman una indemnización por daño moral por lo sufrido hace casi 29 años en el atentado de la Fábrica Militar, que dejó en 1995 siete muertos, heridos graves y cuantiosas pérdidas materiales.
Ponce anticipó a La Voz que el Estado manifestó en esta audiencia que “pagará la deuda en pesos”.
Aparece de todos modos un nuevo punto de desencuentro respecto al importe a pagar.
La fórmula establecía que el cálculo debía hacerse respecto al valor de unos módulos cuyo importe en noviembre pasado era de ocho mil pesos. Ese monto debía aplicarse a una fórmula que terminaba actualizada para cada damnificado. La cifra se acercaba a unos cuatro millones de pesos por persona.
Por el contrario, Ponce entendió que legalmente se debe calcular al valor actual de ese módulo que es de 27 mil pesos. Sin dudas la cifra a pagar en ese caso pasa a incrementarse considerablemente.
Por ello es que definieron que en agosto habrá una nueva audiencia para definir cómo se soluciona el conflicto. Aún la Cámara no ha notificado la fecha de esa audiencia. De ese modo, el trámite sigue abierto.
Protesta ante los tribunales
Este jueves, un grupo de damnificados del grupo que patrocina Ponce protestó frente a la Cámara Federal de Córdoba. Desde ese triobunal partió una resolución que ordenó que el Estado nacional y Ponce, representante de los ocho mil damnificados por presunto daño moral, se pusieran de acuerdo en el pago. Esa resolución fue firmada por el presidente de la Cámara, Abel Sánchez Torres.
La Cámara había expuesto que lleguen a esta instancia “en todos los casos con mandato suficiente para poder conciliar, ordenando asimismo la suspensión del trámite de todas las causas que se encuentren en apelación en situación análoga a la planteada”.
Otro juez federal –el de Río Cuarto, Carlos Ochoa– ya había ordenado el pago que preveía una ley nacional aprobada. Hasta establecía que por cada día que el Estado no pagara se iba a cobrar una multa en beneficio de cada damnificado demandante. Nada de eso hasta ahora se efectivizó.
Luego se rubricó un decreto nacional que dejó sin efecto esa ley, derogando los principales artículos.
Por los daños de las explosiones del 3 de noviembre de 1995, el Estado realizó pagos por vía administrativa entre 1996 y 1999 por unos 86 millones de dólares. Luego, se iniciaron miles de juicios de quienes no habían cobrado o de quienes cuestionaron lo percibido. Por sentencias judiciales, en la última década muchos de esos juicios fueron cobrados por los reclamantes.
Sin embargo quedaron otros pendientes. Sobre todo, una megademanda con miles de personas representadas por Ponce, que reclamaron por daño moral y/o psicológico y para las que el Estado, en 2015, promovió una ley para acordar un resarcimiento extraoficial que evite el juicio. Sancionada la ley en 2015, por el reclamo iniciado en 1996, nunca se cumplió hasta ahora.
FUENTE : LA VOZ Por Mariela Martinez
