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El Ejecutivo derogó el DNU 596/2023, que establecía que los herederos de los acontecimientos sucedidos en la fábrica militar de Río Tercero al alegar que no tenía sustento presupuestario
A más de 28 años de la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, el Gobierno nacional anunció que pagará las indemnizaciones a los familiares de las víctimas en bonos de consolidación por falta de financiamiento.
La medida se hizo efectiva a través del decreto 845/2024, publicada esta madrugada en Boletín Oficial, que dispone: “A los efectos de asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley N° 27.179 dispónese que la indemnización prevista en la citada norma se cancelará con Bonos de Consolidación, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 25.344 y según los mecanismos previstos en el Anexo IV del Decreto N° 1116 del 29 de noviembre de 2000 y sus modificatorios”.
A su vez, indicaron que “la remuneración será equivalente a la remuneración mensual de agentes Nivel A Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)”.
En este contexto, el Gobierno delegó en el Ministerio de Defensa la autoridad para dictar las normas aclaratorias y/o complementarias que resulten necesarias para la implementación de la medida.
Para proceder con esta forma de pago, el Ejecutivo derogó el DNU 596/2023, que establecía que los herederos de los acontecimientos sucedidos en la Fábrica Militar Río Tercero tienen derecho a recibir una compensación económica.
La normativa establecía también que la compensación económica será de tipo monetaria y fijaba los módulos que se pagarían, conforme a los rubros solicitados por los damnificados. Sin embargo, ahora el Gobierno nacional mencionó que “no existían asignadas las partidas específicas correspondientes”.
“La precitada norma tampoco dispuso una ampliación presupuestaria ni identificó fondos asignados que debían detraerse para hacer frente al impacto económico de la medida”, indicaron entre sus argumentos.
Además, el Ejecutivo sostiene que “es necesario brindar una solución inmediata con el fin de que las víctimas de los hechos acaecidos perciban las indemnizaciones que se encuentran contempladas desde el año 2015 en la Ley Nº 27.179″.
Los acontecimientos sucedieron el 3 de noviembre de 1995, cuando explotó la fábrica militar de Río Tercero, dejando un saldo de siete muertos y más de 300 heridos. De acuerdo con los distintos fallos judiciales, lo sucedido fue una acción “intencional, programada y organizada”, con el objeto de “ocultar un faltante de proyectiles, municiones y/o explosivos”, como maniobra para encubrir el comercio ilegal de armas a Croacia y Ecuador.
Por esto mismo, el ex presidente Carlos Saúl Menem fue procesado en carácter de “autor mediato”, pero terminó sobreseído.
La decisión del Gobierno se da meses después de que la Cámara Federal de Córdoba llevara adelante una reunión entre los representantes de las víctimas y el Estado para ponerse de acuerdo con el pago de indemnizaciones, conforme lo establecía la ley.
Desde que ocurrió la explosión hubo innumerables gestiones para obtener una reparación ante los daños sufridos y la falta de respuestas del Estado. En 2007 hubo una audiencia con el gobierno de ese momento y se ofreció la sanción de una ley para solucionar el conflicto. La condición era suspender los procesos judiciales. Tardó ocho años.
Según explicó a Infobae, el abogado Mario Ponce, patrocinante de 8.000 damnificados, durante el Gobierno de Alberto Fernández no pudo avanzarse. “Desde entonces hemos presentado miles de certificados expedidos por el juez que sostiene que existe un daño moral y emergente. Pero todo se transformó en trabas burocráticas de las que fuimos ajenos”, señaló en esa oportunidad.
Las víctimas habían paralizado las demandas civiles que llevaban, pero, ante la falta de avances, en 2022 decidieron reactivar el reclamo por vía judicial y denunciaron el incumplimiento del compromiso estatal. Desde entonces, la Justicia ordenó pagar al Estado una multa de 400 mil pesos por día por ese incumplimiento. El fallo fue apelado, pero la Cámara Federal de Córdoba lo confirmó.
