El gobierno de Mauricio Macri publicó el decreto en el Boletín Oficial que anuncia que se indemnizará a los afectados por las explosiones en Río Tercero en 1995.
Además, se establece como condición determinante para acceder al derecho de indemnizatorio: «Debe entenderse que las condiciones necesarias y suficientes de la legitimación activa son haber interpuesto demanda judicial, que la misma se encuentre vigente y no haber obtenido un resarcimiento o haber obtenido uno cuantitativamente menor al dispuesto por la Ley N° 27.179 ; pues sólo de esta manera podrá darse cumplimiento a sus objetivos». En esa sintonía, se traduce que por «causa judicial vigente debe comprenderse que la causa se encuentre activa y no haya caducado o perimido la instancia».
INDEMNIZACIONES
Decreto 309/2018
El 3 de noviembre de 1995 se inició el fuego en un tambor de trotyl en la planta de cargas de la Fábrica Militar de Río Tercero; minutos después fueron 20 las explosiones que volaron los depósitos de expedición y suministros y dejó a la ciudad cubierta de esquirla y latones. Murieron siete personas, hubo 300 heridos y decenas de casas fueron destruidas.
La Justicia determinó que fue un atentado organizado para encubrir el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, uno de los mayores escándalos de la era menemista. Los condenados, hasta ahora, no incluyen a los responsables políticos.
Entre 1996 y 1999, el Estado pagó por vía administrativa resarcimientos a cientos de personas por daños materiales y a las familias de los siete muertos. Aparte, hay 10.000 demandas por daño moral y psicológico que gestiona el abogado Mario Ponce, quien en el 2005 denunció al Estado argentino ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos por no dar respuestas a esa gente.