Un fiscal allanó la Departamental Tercero Arriba y una comisaría ubicada en la región. Todo se originó por una denuncia sobre supuestos malos manejos de dinero cobrado

La Justicia de Río Tercero investiga si se registraron pagos de adicionales policiales en “negro”, es decir, por fuera del sistema institucional que prevé esa fuerza.

El adicional es un servicio especial de seguridad y vigilancia, cuya actividad es remunerada mediante un convenio entre la Policía y una entidad oficial o particular. Sobre esta última pista, trascendió que se trata de una denuncia que apunta hacia la comisaría de Almafuerte.

Investiga el fiscal de Río Tercero Alejandro Carballo, quien se excusó de brindar detalles y sólo respondió que “se está investigando”.

Si bien recién arranca la pesquisa, las fuentes consultadas apuntaron que la sospecha alcanza a adicionales que se realizaron en el último año. Por ahora, no hay imputados.

En caso de que se confirme algún ilícito, todo hace suponer que se trataría de administración fraudulenta y abuso de autoridad. En la causa, aún se desconoce cuántos adicionales serían “truchos” y cuántos policías estarían involucrados en la maniobra.

Esta semana, la fiscalía seguirá receptando testimonios. Además, avanzará en los peritajes sobre la documentación incautada el lunes en los allanamientos realizados en la comisaría de Almafuerte y en la sede de la Departamental Tercero Arriba, en Río Tercero.

Se están buscando pistas respecto a contrataciones institucionales ejecutadas informalmente, cuyos montos no habrían pasado por las arcas de la Policía.

En este tipo de operatorias, se supone que nadie hace recibos de un pago en “negro”, por ello, en los allanamientos se habría constatado la inexistencia del registro de varios adicionales.

Investigación

En esta investigación, el fiscal habría dispuesto que sólo intervinieran policías de la ciudad de Córdoba y ninguno de la Departamental Tercero Arriba, desde donde, por estos días, algunos están bajo sospecha. En esa línea, resulta clave la intervención de la Dirección de Investigación Operativa (DIO), de la Policía Judicial, con personal operativo y peritos policiales informáticos.

Las pruebas que se acumulan hasta ahora no ventilan, por lo que aún no está claro si se trató del accionar de agentes policiales, de alguna autoridad policial o con la complicidad de ambos.

Se desconoce también si el agente que seguía la orden de un jerárquico de ir a cubrir un lugar por cuestión de seguridad sabía que en realidad estaba realizando un adicional.

Por ello, los testigos que desfilarán por el despacho del fiscal arrimarán más pruebas para esclarecer los numerosos casos que se habrían ejecutado. Las cifras de los cobros supuestamente irregulares aún no están determinadas. Aunque se estima, según confió una fuente, que tendrían varios ceros. “El tema, ahora, es conseguir las pruebas”, confió un informante que sigue de cerca este presunto caso de corrupción policial.

Fuente : La Voz Corresponsalía