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El Ministerio de Educación de la provincia resolvió la vigencia de la normativa frente al planteamiento de abogados “provida”.
El Ministerio de Educación de Córdoba ratificó el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) en todo el territorio provincial.
Por medio de la Resolución 433, publicada en el Boletín Oficial, resolvió: “Ratificar la vigencia y obligatoriedad de cumplimiento de las pautas establecidas en el Memorandum N° 8/2018 emanado de la Secretaria de Educación, para la implementación de la Educación Sexual Integral en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba”.
La determinación se dio tras una presentación por parte de dos abogados en representación de la Comisión Federal de Abogados Pro vida Seccional Córdoba, quienes “junto a colegas y ciudadanos adherentes solicitan la protección y el estricto cumplimiento de los arts. 5° y 9° de la Ley Nacional N° 26.150 (Ley de Educación Sexual Integral), peticionando en definitiva se defiendan sus derechos fundamentales e impida el avasallamiento de la ideología de género sobre la educación de sus hijos y niños bajo su tutela”.
Así, la resolución señala que “la Secretaria de Educación se ha expedido en armonía con los razonamientos indicados, a través del Memorandum N° 8/2018, donde señala que “…La ESI en concordancia con la noción de sexualidad de la Organización Mundial de la Salud. Conceptualiza la sexualidad como una dimensión fundamental del ser humano, que se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos”.
Allí también se expresa que “la ESI desarrolla una propuesta de enseñanza y aprendizaje acorde a la edad de las/los estudiantes, para el desarrollo y fortalecimiento de habilidades y capacidades de niños/as y adolescentes con el fin de asumir una vida plena, autónoma y democrática” (…) “El enfoque de la ESI considera que la familia constituye uno de los pilares fundamentales a la hora de establecer vínculos y consensos (art.9° de la Ley 26150). Familia y escuela se constituyen como actores centrales en el sistema de protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), por lo que ambas instituciones devienen aliadas estratégicas para el logro de los objetivos previstos en la Ley de referencia”.
