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“Chile cerró 2019 con la peor crisis de DD.HH. desde la dictadura de Pinochet”

Amnistía Internacional presentó un duro informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el Chile de Piñera. Es el peor momento desde la dictadura.

Amnistía aseguró que en Chile se vive la peor época para los DD.HH. desde la dictadura de Pinochet

Amnistía Internacional (AI) asestó este jueves un nuevo golpe a la imagen internacional del gobierno del presidente de Chile, Sebastián Piñera, al denunciar que el país cerró el año 2019 “con la peor crisis de derechos humanos desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)” y denunciar un “drástico aumento” del número de abusos cometidos por el Estado.

“Las fuerzas del Estado chileno intentaron justificar su uso de la violencia contra manifestantes alegando que tales medidas eran necesarias para proteger las infraestructuras y la propiedad privada frente a daños y vandalismo”, denuncia un fragmento del informe anual sobre la situación de los derechos humanos en América difundido por ese organismo.

“Estos abusos pasan desde el uso de armas letales contra los manifestantes, uso de munición potencialmente letal y de gases lacrimógenos de manera injustificada, generalizada e indiscriminada”, ataques contra periodistas y violencia contra personas a las que ya se había arrestado”, agregó.

AI emparentó la represión de Carabineros con la dictadura de Pinochet

El informe de difundido este jueves por AI se sumó a una larga lista que incluye el de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en diciembre, el Human Right Watch (HRW) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en noviembre, que en duros términos denunciaron los alarmantes niveles de abusos cometidos por la policía durante la represión de las protestas.

La denuncia de AI se produjo en una semana cargada de tragos amargos para el gobierno chileno que no pudo evitar -pese a un inusual despliegue policial e inéditas medidas de seguridad- que el estallido social y las protestas se filtraran en cada rincón del Festival de Viña, evento que siguen por televisión alrededor de 250 millones de personas en todo el mundo.

Varios artistas del certamen, entre ellos el puertorriqueño Ricky Martin y la chilena Mon Laferte, expresaron sin tapujos su apoyo a las protestas opositoras que desde el 18 de octubre reclaman cambios profundos al modelo económico e institucional heredado de la dictadura de Pinochet, además de una nueva Constitución que reemplace la impuesta por el dictador en 1980.

El pronunciamiento de los artistas recalentó aún más la atmósfera política, la misma semana en que arrancó oficialmente la campaña para el Plebiscito2020, convocado para el 26 de abril, en el que los chilenos decidirán si quieren o no una nueva Constitución, así como la composición del organismo que se encargará de redactarla.

Organismos internacionales apuntan contra los abusos registrados en la represión de la protesta social.

AI, que envió una misión de observación a Chile a mediados de noviembre, aseguró que durante los diez días en los que rigió el estado de emergencia y en los que los militares estuvieron a cargo de la seguridad “aumentó drásticamente el número de abusos cometidos por el Estado” y que a finales del año “las víctimas de violaciones de derechos humanos, sobre todo a manos de los Carabineros (policía nacional), se contaban por miles”.

Paralelamente la alta comisionada de Naciones Unidades para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, pidió mayor atención a la desigualdad y fijar responsables por violar derechos humanos en el marco de las diferentes protestas sociales que vive Chile y otros países de América latina.

La ex presidenta chilena (2006-2010 y 2014-2018) afirmó que existe la necesidad de “garantizar que se fijen responsabilidades por las violaciones de derechos humanos perpetradas durante las protestas”, en referencia a las más de 12 mil personas que recibieron atención médica, según el informe de la misión de la ONU en Chile de diciembre de 2019.

Bachelet recordó mediante un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Acnudh), que su oficina envió misiones de investigación tras las el inicio de protestas en diferentes países de la región.

Dentro de estas recomendaciones, Acnudh instó al gobierno de Piñera a “asegurar que las personas puedan, durante las manifestaciones, ejercer sus derechos de reunión pacífica y a la expresión, sin restricciones ni riesgos innecesarios y desproporcionados para su integridad física y otros derechos humanos”.

Otros organismos internacionales como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) también acusaron a las fuerzas de seguridad de haber violado los derechos humanos.

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