En un informe dirigido al Ministerio de Justicia con fecha del 28 de agosto y que será enviado a la ONU, Avila afirmó que «no hay testimonios confiables que responsabilicen a la fuerza» de seguridad en la desaparición de Maldonado.

Además, señaló que en los primeros días de las pesquisas en Cushamen, se estuvo muy cerca de un rastro que los podía llevar a resolver el caso, pero que los propios mapuches impidieron continuar los trabajos.