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Cara y ceca del DNU sobre las tarifas de internet, cable y teléfonos

El acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones es un derecho humano básico, reconocido en pactos y tratados internacionales

Gustavo López, vicepresidente de Enacom
Gustavo López, vicepresidente de Enacom

 

En la época en que nos toca vivir, el acceso a la educación, al conocimiento, a la cultura, a la información y al mundo del trabajo y la producción está íntimamente ligado al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hoy son derechos humanos básicos, reconocidos en los Pactos y Tratados internacionales. Por ello, para garantizar su ejercicio, el Estado tiene que tener una actitud positiva, proactiva, en favor de facilitar el acceso a toda la población; de lo contrario, millones de compatriotas quedarían privados de toda posibilidad de progreso futuro.

Por ese motivo, el presidente Alberto Fernández estableció, a través del DNU 690, que los servicios de internet, cable y telefonía son servicios públicos esenciales y estratégicos, prolongando además el congelamiento de precios producto de la pandemia hasta el 31 de diciembre de este año.

Pero el Presidente avanzó más allá en la idea de inclusión. Estableció que los precios de estos servicios esenciales serán regulados por el Estado. ¿Qué significa esto? Que son servicios públicos en competencia. Las empresas no podrán, a partir de ahora, aumentar estos servicios esenciales sin autorización del Enacom. El Decreto establece que el precio debe ser justo, razonable, equilibrado. Por lo tanto, los futuros aumentos se deberán justificar a partir de los costos, las inversiones y, por supuesto, las ganancias correspondientes. Las empresas seguirán compitiendo entre ellas, alentaremos las inversiones y cuidaremos los derechos del usuario.

Por primera vez en estos servicios se tiene en cuenta al sujeto, al que lo recibe y lo paga, al ciudadano en tanto usuario y consumidor como establece nuestra Constitución. Hasta el momento, la suba de precios era unilateral, ahora debe autorizar el Estado, quien va a velar también por los ciudadanos.

Me pregunto: ¿quién puede oponerse a estas medidas? Congelar precios en medio de la crisis más grande en un siglo, regular precios para un servicio esencial y que puedan acceder todos y todas. Sin embargo, algunos sectores de la oposición salieron a criticar con argumentos falaces, sin mencionar en ningún momento a las personas de carne y hueso que deben pagar por los servicios.

Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, sólo la inversión pública a través de ARSAT fue de U$S 3.137, 2 millones a un promedio de más de 1000 millones de dólares por período de gobierno. En cambio, durante los 4 años de Macri la inversión total fue de U$S 264, 7 es decir, sólo una cuarta parte por período de gobierno.

En cuanto a telefonía móvil, en el año 2014 se licitó el espectro para dar lugar al 4G. Se duplicó la cantidad de MHz, pasando de 206 a 434, permitiendo mayor despliegue para las empresas, que tenían la obligación de llegar a todas las localidades de su zona de hasta 500 habitantes. Sin embargo, un decreto de Macri de 2016 retrasó el despliegue y muchas localidades no tienen conectividad móvil.

Por otra parte, se retomó la inversión pública. Con un Estado presente, en el último mes desde Enacom transferimos $3.000 millones a Arsat para actualizaciones tecnológicas que permitan multiplicar la capacidad de transporte y se sancionaron programas por $ 3.800 millones para conectividad de barrios populares, escuelas, hospitales y zonas de difícil acceso

El autor es Vicepresidente de Enacom

FUENTE : INFOBAE  Por Gustavo Lopez

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